La senadora provincial Laura Clark presentó un proyecto de ley para proteger a los sectores más vulnerables frente al creciente endeudamiento provocado por el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos. La iniciativa establece la suspensión de los cortes de energía eléctrica, gas natural, agua potable y servicios cloacales en la provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027 , para usuarios que acrediten una situación de vulnerabilidad económica.
El proyecto alcanza a jubilados, pensionados, familias con ingresos inferiores al valor de la canasta básica y hogares que tengan a su carga personas con discapacidad, entre otros casos contemplados. Para acceder al beneficio, los usuarios deberán presentar una declaración jurada que demuestre fehacientemente su imposibilidad de afrontar el pago de las facturas y solo contemplar a aquellos que como propietarios o inquilinos posean una única vivienda.
«La enorme mayoría de las familias quiere cumplir con sus obligaciones. No estamos hablando de personas que no quieren pagar, sino de trabajadores y jubilados que ya no llegan a fin de mes porque las tarifas crecieron muy por encima de sus ingresos», sostuvo Clark.
La propuesta no contempla condonaciones de deuda ni subsidios extraordinarios. En cambio, establece la obligación de las empresas prestatarias de ofrecer planes de pago razonables y acordes a la capacidad económica de cada familia , evitando que la falta de recursos derive en la pérdida de servicios esenciales.
«El corte de un servicio público básico es una medida inhumana cuando una familia no puede pagar por razones económicas. El Estado tiene la responsabilidad de proteger derechos esenciales como el acceso a la energía, el agua y el gas», afirmó la legisladora.
Entre los fundamentos del proyecto se destaca el fuerte deterioro del poder adquisitivo desde diciembre de 2023, el incremento sostenido de las tarifas y el crecimiento de la morosidad de los hogares. Según diversos indicadores, millones de bonaerenses se encuentran endeudados y una parte cada vez mayor recurre a créditos informales para afrontar gastos corrientes, entre ellos el pago de servicios públicos.
La iniciativa también dispone que, en los casos donde el suministro ya haya sido interrumpido, las empresas deberán restablecerlo dentro de las 48 horas de firmado el correspondiente plan de pago, sin cobrar costos de reconexión.
El proyecto toma como antecedente legislación vigente en otras provincias y busca garantizar que ninguna familia bonaerense quede privada de servicios esenciales por atravesar una situación económica crítica.