En esta semana Sibila Biotti dio inicio en el Honorable Concejo Deliberante de Morón una jornada de capacitación que seguirá en el 2026 a lo largo del año, destinada a los trabajadores del HCD y el cuerpo político con el objetivo de tener las herramientas necesarias para dar respuesta a estas situaciones que pueden presentarse en el Concejo o cuando se acerca un vecino a solicitar ayuda sobre violencia de género.
La Presidente del Concejo expresó en el recinto : «Es muy importante esta política pública que se viene desarrollando desde el año 2020 , tenemos una ordenanza que adhiere a la Ley Nacional y Provincial que garantiza todos los años la capacitación y el trayecto formativo en la capacitación de Ley permanente, esto quiere decir que todos los años todos nuestros trabajadores de la planta permanente y temporaria del Concejo y todas las personas que componen el cuerpo político se capacitan y revisan los contenidos de la Ley Micaela, para nosotros es muy importante tener a nuestro personal en formación permanente que permita dar una mejor respuesta a nuestros vecinos «
Sibila Botti, la actual Presidente del Concejo Deliberante de Morón ha sido una figura clave en la aplicación de la Ley 27.499 (Ley Micaela), que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, como ex Directora de Articulación Territorial en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, coordinó la asistencia y atención directa a víctimas de violencia.
La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven militante de 21 años del Movimiento Evita y de NiUnaMenos, que fue víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Su caso evidenció las graves fallas del sistema estatal, ya que su asesino, Sebastián Wagner, gozaba de libertad condicional a pesar de tener antecedentes previos por violación. establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en Argentina.Promulgada en enero de 2019, esta normativa busca transformar la cultura institucional y garantizar que el Estado actúe con perspectiva de género en todos sus niveles y jerarquías